Organizaciones sociales y académicas manifestaron su “profunda consternación y preocupación” ante el proyecto de ampliación del puerto de Manzanillo hacia el Vaso II de la Laguna de Cuyutlán, promovido por diversas instituciones y empresas, entre ellas la Administración Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V.

Mediante un pronunciamiento conjunto, once agrupaciones ambientalistas regionales y nacionales advirtieron que el proyecto contempla construir un puerto lacustre para el ingreso de embarcaciones nacionales e internacionales de alto calado, así como habilitar un patio regulador de transporte, terminales enfocadas al manejo de granel agrícola y mineral, contenedores e hidrocarburos, así como la construcción de instalaciones gubernamentales, privadas y aduaneras.

Consideraron que las etapas de dragado intensivo, construcción y operación de la obra, sobre una superficie prevista de mil 800 hectáreas, “provocaría un deterioro irreversible para el equilibrio ecológico y los recursos naturales, no sólo del sistema lagunar sino también de los ecosistemas adyacentes: selvas bajas caducifolias, dunas, arrecifes de coral y pastos marinos”.

Según el documento, ante dichas afectaciones ninguna medida de mitigación o compensación evitaría la pérdida de biodiversidad ni la consecuente reducción de servicios ecosistémicos necesarios para el bienestar de los habitantes de la región en el largo plazo”.

Las organizaciones firmantes son Ciencia para el pueblo México, Red de defensores ambientales, Red manglares de Colima, Acción por la Justicia, A.C., Colectivo AXM Amigos por Manzanillo, Colectivo Empoderamiento Climático, Colectivo Tarántula Elementos, Cuyutlán Casa Amiga, A.C, Paseo de Las Brisas, A.C., Vigilemos Manzanillo, A.C. y Voluntad Organizada, A.C.

El proyecto “Ampliación del Puerto de Manzanillo Vaso II de la Laguna de Cuyutlán” requerirá una inversión programada de 33 mil 258 millones 785 mil 895 pesos, que serán aportados en un 13% con recursos de la API Manzanillo, 48% por recursos fiscales y 39% ciento por inversión privada, de los que solamente 151 millones 894 mil 697 pesos serán destinados para estudios de impacto, mitigación y compensación ambiental, pagados por el sector público.

Aunque la vida útil de este proyecto se estima en sólo 25 años, con un horizonte de evaluación de 35 años, los grupos inconformes estimaron que los riesgos ambientales al modificar el ecosistema podrían generar daños irreversibles, cuyas medidas de compensación serían demasiado costosas, además de probablemente poco efectivas, como ocurriría con los azolves excesivos en canales y dársenas, además de la modificación en los regímenes de oleajes y corrientes que actualmente no se pueden prever y que provocarían problemas operativos.

“En este punto —añadieron— es importante reiterar que un proyecto de esta magnitud abonará a la actual crisis climática global y se enfrentará a fenómenos climáticos extremos, ante los cuales dejará vulnerable a la población e infraestructura al eliminar la protección que naturalmente brindan los bosques de manglar”.

Recordaron que el daño al equilibrio ecológico que se ha padecido en Manzanillo se ha llevado a cabo bajo la promesa vacía y recurrente de un bienestar basado únicamente en el crecimiento económico, sobre todo del sector privado, sin planificar integralmente los cambios ambientales, urbanos y demográficos en el largo plazo.

“En el caso de la presentación del proyecto Terminal de Gas Natural Licuado de Manzanillo (2006), el argumento por el cual se buscó esta aprobación fue la promesa de la disminución de emisiones contaminantes de la Termoeléctrica de Manzanillo, la cual sigue sin ser eficiente; mientras que para el proyecto de ampliación del Puerto de Manzanillo en 2004, en la que se devastaron hectáreas de mangle de la Laguna de San Pedrito, se prometió la restauración y conservación de la Laguna del Valle de las Garzas”.

En ambos casos, expusieron, la Semarnat impuso medidas preventivas, de mitigación y compensación a los sujetos obligados (Comisión Federal de Electricidad, Terminal KMS de GNL, S. de R.L. de C.V. y Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., respectivamente), pero éstas “no han sido cumplidas eficientemente, por lo que se ha generado una situación de peligro ambiental en la que la inversión de cientos de millones de pesos no ha sido suficiente, demostrando la inviabilidad económica y ambiental de estos proyectos”.

A juicio de las agrupaciones ambientalistas, las autoridades federales, estatales y municipales han sido omisas en el cumplimiento de sus obligaciones legales ambientales, previstas y sancionadas por ordenamientos nacionales e internacionales, incumpliendo con el mandato constitucional de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano y a un desarrollo sostenible.

“Este panorama es peor aún si consideramos todas las problemáticas directas e indirectas que ha producido el puerto de Manzanillo sobre la ciudad, tales como el aumento de la contaminación visual y atmosférica; el deterioro de la calidad del aire; los altos índices de inseguridad derivados de las disputas por el control del puerto; los conflictos viales que han llegado a costar la vida de personas; el aumento en la población flotante, con la consecuente carencia de servicios y sobreexplotación de recursos; entre otras”.

Refirieron que el proyecto de “Ampliación del Puerto de Manzanillo Vaso II de la Laguna de Cuyutlán” pretende ser justificado argumentando la necesidad de atender el incremento en el mercado internacional basado en importaciones y exportaciones, lo que se contrapone con la vocación turística de Manzanillo, otra fuente de ingresos económicos, ya que la ampliación portuaria incrementará el deterioro y mala imagen en la ciudad de Manzanillo.

Tras enumerar una serie de proyecciones de factores de riesgo que forman parte del propio documento “Ampliación del Puerto de Manzanillo Vaso II de la Laguna de Cuyutlán”, las organizaciones sociales y académicas afirmaron que de consumarse el proyecto habría daños a la salud de la población manzanillense, desequilibrio ecológico y deterioro de los recursos naturales de la región, contraviniendo las disposiciones de diversos Instrumentos Internacionales, la Legislación Federal, Estatal y Municipal.

“Es por ello que consideramos, basados en experiencias y promesas anteriores, que es prioritario trabajar por la solución de las problemáticas y conflictos actuales, optando más por la modernización y optimización de la infraestructura portuaria ya existente, a la par de la incorporación y fortalecimiento de alternativas de desarrollo, tales como el turismo ecológico basado en la conservación y restauración de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la promoción de fuentes limpias y sustentables de energía”.

Sostuvieron que claramente, en su forma actual, el proyecto de ampliación portuaria no se corresponde con el tipo de políticas públicas ambientales que requieren los nuevos tiempos.

“Los efectos del cambio climático, la pérdida acelerada de biodiversidad y la crisis por la contaminación ambiental requieren acciones que contrarresten urgentemente sus efectos, y no que promuevan un ecocidio de tal magnitud como lo sería la ampliación del puerto de Manzanillo en la Laguna de Cuyutlán”, puntualizaron.

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