A principios de enero se supo que la Marina investigaba una denuncia por huachicol en el puerto tuxpeño, pero lo que descubrieron fue descrito por el propio Andrés Manuel López Obrador como un “monstruo de 100 cabezas”, ese monstruo sigue vivo y sus coletazos ya tumbaron al director general de Aduanas, Ricardo Ahued, y al titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú.

En Tuxpan no había huachicol, sino contrabando a nivel internacional que involucraba a poderosas mafias, incluyendo las asiáticas. De pronto, todos pasaron a ser sospechosos y no estaban equivocados, porque en la Aduana Tuxpan casi todos participaban en el negocio del contrabando y el tráfico de sustancias ilícitas.

Tuxpan dejó de ser un puerto de bajo perfil y pasó a ser el centro de la atención del Gobierno de AMLO. En cuestión de semanas se armó un grupo multidisciplinario integrado por la Marina, Servicio de Administración Tributaria y Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear y ubicar a todos los implicados.

Para el 23 de enero, la Unidad de Inteligencia Financiera ya tenía documentada la participación de los jefes de la Aduana Tuxpan y la Aduana de Puerto Progreso, Yucatán, en hechos ilícitos. La investigación se extendió a Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y otros más. En todos se halló corrupción.

El 23 de marzo, el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, reveló nuevos datos del contrabando y la evasión de impuestos que se presentaba en Tuxpan con la importación de combustibles por barco. Más funcionarios de puertos fueron destituidos, pero no todo terminó ahí.

En abril, Ricardo Ahued renunció como director de Aduanas y fue entonces cuando el Presidente aceptó que el funcionario no pudo contra la corrupción. Ahí pronunció su frase de que, en aduanas, se oculta un monstruo de 100 cabezas.

En el caso de Tuxpan se simuló que se aplicó la ley denunciando penalmente a mandos bajos de Puertos y Aduana, y se echó mano de dos chivos expiatorios de alto nivel para que quedara la idea de que se actuó, pero la verdad es que solo fueron cambiados de adscripción y colocados en otras áreas de la misma dependencia.

Sospechosamente no se procedió penalmente contra ningún alto funcionario de aduanas y de la coordinación de Puertos. Esto nos lleva a pensar que la mafia de cuello blanco y la delincuencia “autorizada” sigue siendo intocable.

El Presidente decidió que sería la Marina la institución que entraría al rescate de los puertos y fue precisamente Tuxpan el primero en militarizarse. Esta medida no fue del agrado de los funcionarios del gabinete y uno de los que se opuso rotundamente fue el entonces titular de la SCT, Jiménez Espriú.

Luego de presentar su renuncia, Espriú explicó su diferendo por la decisión del Presidente de trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos, de la marina mercante y de la formación de marinos mercantes, que ha estado a cargo de la SCT desde 1970.

AMLO insistió en que esta decisión tiene que ver con la corrupción que prevalece en los puertos, en las aduanas, y últimamente por la entrada de contrabando y droga.

El lunes por la mañana el Presidente volvió a demostrar que va con todo para poner orden en los puertos y prueba de ello es el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez, como nueva Coordinadora de Puertos y Marina Mercante. Ella no sabe nada de puertos, estudió periodismo en la Escuela Carlos Septién, pero es de la total confianza del Presidente.

Hasta el domingo pasado era Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, muy cercana a Claudia Sheinbaum. En los últimos 20 años se ha desempeñado en la administración pública en el Gobierno capitalino y la asamblea legislativa. Participó activamente en las campañas políticas de Andrés Manuel López Obrador.

Posiblemente se sacó la “rifa del tigre”, pero quién mejor que una mujer para poner orden en una dependencia donde los hombres tienen un cochinero, en todos los sentidos.

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